“La recomendación de la Comision no tiene carácter obligatorio por tanto el plazo tampoco debe ser cumplido, es un plazo ordenatorio, lo voy a resolver a la brevedad pero en el plazo que me permitan las constancias del expediente”, dijo en conferencia de prensa el juez residual Pullen Llermanos. Sin embargo, Marcos Aldazabal, del equipo de abogados defensores de Milagro Sala, aclaró que “a diferencia de lo que dijo el juez, la cautelar de la CIDH es obligatoria, es vinculante y es la jurisprudencia histórica del pais y la postura de la Corte Suprema y de todos los tribunales”. En el mismo sentido, el abogado y diputado provincial del FuyO, Ariel Ruarte, interpretó que la demora en el cumplimiento de la resolución del organismo internacional “demuestra el ánimo de complicar las cosas lo más posible y que pueden llevar el ejercicio del poder a límites insospechados”. Y continuó: “demuestra también la arbitrariedad con que se manejan. Pero saben que tienen que cumplir, porque además han recibido directivas superiores en ese sentido”.
Pullen Llermanos pudo constatar que en el domicilio ubicado en El Carmen se robaron los caños de agua que conectan el tanque con las instalaciones internas, los tableros de luz, puertas, ventanas, sanitarios y todos los muebles. Sin embargo el juez consideró que “no es nada que no se pueda solucionar a la brevedad”. A su vez dejó entrever que otorgaría la prisión domiciliaria en ese inmueble. “Estoy tratando de lograr coherencia institucional”.
Si bien Raul Noro, el marido de Milagro Sala, cumplió la prisión domiciliaria dispuesta el año pasado por el juez Isidoro Cruz en el barrio de Cuyaya, Llermanos consideró que la situación de Milagro Sala es diferente. En ese marco, Aldazabal indicó que son decisiones que no se pueden evaluar porque no tienen fundamento, violan el principio de igualdad y la dirigente social tiene que estar en un domicilio en condiciones. No se puede considerar que se puede proteger a alguien en un lugar sin luz, sin agua y sin gas. Ademas la defensa informó que la otra casa esta en perfectas condiciones para que ella viva”.
Sin embargo aclaró también que hicieron las presentaciones correspondientes para que se traslade a la diputada del Parlasur en forma urgente al domicilio de El Carmen, a pesar que no reuna las condiciones, “porque cualquier lugar es mejor que la carcel, donde Milagro puede sufrir un daño irreparable, tal como indicó en su cautelar la CIDH”.
Por otra parte, Aldazabal criticó la postura del juez Gastón Mercau que rechazó otorgar la prisión domiciliaria en el barrio de Cuyaya porque, según indicó, la custodia de Gendarmería Nacional podría molestar a los vecinos. “No tiene ningun sentido ese argumento porque la Ley 24660 prohibe que fuerzas de seguridad nacionales estén a cargo de la custodia de un detenido. Si el juez quiere poner una seguridad totalmente desproporcionada es un problema del juez, pero el argumento que puede molestar a los vecinos no tiene ningun fundamento. Por otra parte, a los genocidas a los que le otorgan prisión domiciliaria, que asesinaron, torturaron y desaparecieron personas no le ponen ningún tipo de custodia, y con Milagro Sala que ni siquiera fue condenada, quieren montar un show de características desproporcionadas”.
Para Ruarte, “Morales ejerce el poder de manera soberbia, porque siente que está habilitado con el 58 por ciento de los votos que recibió en 2015. Pero en las PASO obtuvo solo el 36 por ciento, porque le están diciendo que el poder absoluto no es compartido por el pueblo, que no quiere seguir sufriendo la arbitrariedad de Morales”.
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EL JUEZ PABLO PULLEN LLERMANOS INSPECCIONÓ EL DOMICILIO DE MILAGRO SALA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN
El juez Pablo Pullen Llermanos realizó la inspección en el domicilio de Milagro Sala ubicado en el barrio La Ciénaga, en la localidad de El Carmen. Se presentó al inmueble con personal de Gendarmería Nacional, del Patronato de Liberados y otros funcionarios judiciales. Al concluir la visita desconoció el derecho internacional y la normativa nacional al asegurar que la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “no es de cumplimiento obligatorio”, contradiciendo así lo expresado por la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Clara Langhe de Falcone, que declaró lo contrario. A pesar que el Estado Nacional ya lleva seis días incumpliendo lo resuelto por el organismo internacional, el magistrado señaló que va a intentar cumplir a la brevedad, pero se va a tomar “el tiempo que considere necesario”.