También apuntó contra los comercios de cercanía (almacenes y supermercados chinos), que quedaron fuera de los programas de precios regulados del Gobierno.
   
Tras conocerse el índice de inflación de marzo, que se ubicó en 7,7%, el secretario de Comercio defendió la gestión del Gobierno respecto de los acuerdos de precios y lanzó un fuerte reproche: "Los formadores de precios no están cumpliendo lo que pactaron voluntariamente".
   
"El dato de inflación de hoy nos duele y somos conscientes del impacto que tiene en el bolsillo de los argentinos", lamentó el funcionario.
   
Según el secretario de Comercio, diversos factores externos influyeron fuertemente en la escalada de precios, entre ellos "la peor sequía desde 1922, la ola de calor más fuerte desde 1906 y la gripe aviar" e indicó que estas variables "impulsaron en 2,1% el índice de marzo".
   
"Durante los últimos meses, con el Programa de Precios Justos hicimos acuerdos con los formadores de precios para que sean parte de la solución y no parte del problema". Sin embargo, remarcó que existe una importante brecha entre los supermercados incluidos en el convenio y los comercios de cercanía y su impacto en el índice de inflación.
   
"Está claro que los formadores de precios no están cumpliendo con lo que pactaron de forma voluntaria", aseguró.
   
En esta línea, anunció la implementación de diferentes medidas:

- Acuerdos de precios con los exportadores, quienes accederán a un dólar diferencial para que cumplan con precio y abastecimiento en lo relacionado con las economías regionales que seleccione la Secretaría de Agricultura.
   
- Fortalecimiento de la fiscalización, trabajando con municipios y provincias. En este sentido, Tombolini destacó que en marzo se llevaron a cabo más de 63.000 fiscalizaciones y se impusieron multas por $2.800 millones, aunque reconoció que "esto no fue suficiente".
   
- Mejora en los controles con los formadores de precios de frutas, verduras y hortalizas, junto a la nueva administración del Mercado Central, para que "se acaben los abusos", entendiendo que "el objetivo central es defender el poder de compra de aquellos que viven de un salario", aseguró.
   
Por último, Tombolini manifestó que las distintas áreas del ministerio de Economía continuarán trabajando para "profundizar políticas que permitan ampliar el abanico de acuerdos y fortalecer los controles".