La Ley 27.592 lleva el nombre de Yolanda Ortiz en homenaje a la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 1973.

“Estamos cumpliendo con una Ley que impone la obligación de que los funcionarios públicos escuchen información sobre el alcance del cambio climático y las consecuencias que puede aparejar”, expresó el Presidente y aseguró que la normativa “es muy valiosa para que afrontemos estos debates y tomemos conciencia de lo que el mundo vive”.

A su turno el ministro Cabandié explicó que “la Ley Yolanda es un hito ambiental” porque “habla del presente y del futuro” y reconoció la sintonía de esta norma con la de educación ambiental al señalar que “son dos leyes que se relacionan, que están muy vinculadas”.

Además, puso en relieve que “estamos viviendo situaciones críticas” ya que “los eventos climáticos son cada vez más abundantes, más explícitos, y eso requiere que los hombres y mujeres que tenemos responsabilidades públicas tengamos necesariamente una formación incorporada de estos contenidos porque, sin dudas, si no lo hacemos estamos en riesgo”.

La Ley Yolanda (27.592), sancionada el 17 de noviembre de 2020, busca garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en cambio climático para las personas que trabajan en la función pública en todos los niveles y jerarquías.

Hasta el momento, ya fueron capacitadas 10.800 personas, de las cuales 10.030 son trabajadores, trabajadoras, funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, 500 del Poder Judicial y 300 del Poder Legislativo.

Esta formación permitirá que quienes diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas tomen decisiones conscientes, informadas, y trabajen contemplando la dimensión ambiental, con el objetivo de impulsar un modelo de desarrollo sostenible basado en la equidad, la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural.