Durante la última dictadura militar en el Cabildo Histórico funcionó la Central de Policía de la Provincia y el Comando Radioeléctrico del área 323 donde existió un centro clandestino de represión ilegal, torturas, exterminio, robo de bebés, y todo tipo de vejámenes humanos. Las obras de destrucción ordenadas por el Ejecutivo provincial motivaron que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentara como querellante en la causa penal iniciada en el año 2021 por la asociación HIJOS Jujuy.

Tras participar de la actividad organizada por los organismos de Derechos Humanos de Jujuy en el predio del Cabildo de nuestra ciudad, la legisladora del Frente de Todos manifestó que "este avasallamiento a la memoria por parte del gobernador Gerardo Morales no es un hecho aislado”, al tiempo que agregó que “estas acciones atentan contra las políticas de memoria, verdad y justicia de nuestro país".

“El gobierno no solo va en contra de las políticas de DDHH, sino en contra de medidas judiciales federales demostrando que no respeta nada que vaya en contra de sus decisiones", añadió.

"Permanentemente hay que resignificar la construcción de la memoria como elemento fundamental de nuestra identidad y en contra de los peligrosos discursos negacionistas, claramente Morales tensa y expone cada vez que toma decisiones de este tipo", dijo Chaher.

En ese sentido, aclaró: “La declaración de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado de ex centros clandestinos que funcionaron hasta el 10 de Diciembre de 1983 permite garantizar su preservación, con propósito de poder realizar investigaciones judiciales además de preservar la memoria, verdad y justicia de quienes fueron y son víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico y militar, que se inició el 24 de Marzo de 1976”.

Es de destacar que la Legislatura de Jujuy en el mes de mayo del año 2016 sancionó la ley provincial Nº 5.923, que adhiere a la Ley Nacional Nº 26.691 de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado; “leyes violadas por el mismo estado provincial”, indicó la legisladora nacional.

Ante esto, en Jujuy existen 18 ex centros clandestinos de detención tortura y exterminio, y un sitio de la Memoria, identificado por víctimas, familiares y organismos de Derechos Humanos, reconocidos mediante Ley Provincial N° 5.931.

Chaher manifestó finalmente que “nuestro país fue y es un faro en el mundo por haber juzgado y sentado en el banquillo de acusados a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, es irónico que la provincia vaya en contra de las políticas de derechos humanos que reivindica la memoria de los 30 mil argentinos y argentinas víctimas del terrorismo de estado”.