Las gremialistas, en su mayoría nucleadas en la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), solicitaron el tratamiento de la legislación de manera “urgente” por lo que se mostraron expectantes de su aprobación en la sesión parlamentaria prevista para mañana.
“Pedimos la urgente adhesión al convenio 190 de la OIT con la resolución respectiva para contrarrestar la violencia y el acoso laboral en la provincia de Jujuy”, indicaron las sindicalistas.
La Ley 27.580 fue sancionada el 11 de noviembre pasado en el Congreso, y colocó a la Argentina como el tercer país del mundo en adherirse al convenio en contra de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, que alcanza a trabajadores y trabajadoras cualquiera sea su situación contractual.
El pedido fue presentado a la Comisión de Legislación Laboral del Parlamento jujeño, y consideraron que “se avanzó, porque se acordó que el órgano de aplicación de la ley sea el Consejo Provincia de la Mujer”, añadieron.
Sobre ese punto manifestaron que tanto el organismo como el Ministerio de Empleo y Trabajo de Jujuy, “deberán garantizar” que se cumpla con la ley y actuar en consecuencia ante las denuncias de este tipo de violencias.
Las sindicalistas se mostraron expectantes por el debate que tendrá lugar este miércoles con el objetivo de conseguir la adhesión en el marco de la séptima sesión ordinaria de este año, “porque entendemos que hay un acuerdo total”, expresaron.
La diputada radical, Gabriela Burgos, quien encabeza la Comisión de Legislación Laboral, manifestó que la propuesta “está en labor parlamentaria y si sacamos el dictamen lo podremos tratar en la próxima sesión”.
Luego consideró que las capacitaciones sobre la problemática “tienen que ser de manera obligatoria para fortalecer la concientización para romper la naturalización de la violencia contra las mujeres”.
El convenio 190 de la OIT reconoce que las mujeres son las más expuestas a la violencia y al acoso laboral, en particular, las que se encuentran en situaciones más vulnerables, realizan tareas nocturnas o son migrantes.
La norma abarca, también, las acciones que se desarrollen no sólo en el ámbito de trabajo, sino también las comunicaciones profesionales, en particular las que tienen lugar mediante tecnologías de la información y la comunicación.
