Se trata de la ley 6285, que ratifica un decreto acuerdo firmado por el gobernador Gerardo Morales y los gerentes de la empresa con base en Tucumán.
“El decreto del Ejecutivo provincial procede a la exención impositiva de ingresos brutos y de sellos inmobiliarios a Productora del Noroeste S.A, que es la encargada de realizar todos los trabajos de campo”, explicó el diputado radical, Juan Carlos Abud Robles, en el marco de la quinta sesión ordinaria.
De esta manera se “incentiva” la exención de impuestos sobre los ingresos brutos, provenientes de las actividades relacionadas con la inversión promovida por el cultivo de caña de azúcar y venta al por mayor de azúcar.
Abud Robles explicó que “otras empresas ya fueron eximidas de los impuestos de los ingresos brutos a través de la firma de decretos anteriores y faltaba complementar a la empresa antes nombrada”.
El diputado radical aclaró que “el grupo empresarial (por Budeguer) opera con dos firmas que realizaron la oferta, en el marco de la justicia, tendiente a brindar servicios en el Ingenio La Esperanza”, y se enmarca en la “ley de promoción de inversiones provincial”, sostuvo.
Desde la oposición, el diputado del PJ, Luis Cabana, dijo que “además de exenciones impositivas para las empresas sería bueno que también se piense en aumentos salariales para los trabajadores azucareros, como también en exenciones a otros sectores productivos, pequeñas y medianas empresas que hoy sufren la presión impositiva”.
Por su parte, el legislador Emanuel Martín Palmieri, dijo que con esta medida “tenemos un solo beneficiario que es la empresa que tiene grandes ganancias y ahora no va a tributar lo que tiene que tributar, en desmedro de otras empresas que cumplen la misma función”.
“Solo en este año no van ingresar al erario público de la provincia de Jujuy $30 millones, que pueden ser destinado a la educación, la salud y otras necesidades que tenemos”, sostuvo el diputado opositor.
Desde el bloque Juntos por Jujuy - FdT plantearon que corresponde al cuerpo legislativo “todo lo que tiene que ver con creación de impuestos, modificación de los mismos o establecer exenciones y no que las mismas sean determinadas por decreto”.
Por último manifestaron que si bien pueden estar de acuerdo con exenciones para el desarrollo de un sector productivo con inversiones, incluso determinar cupos fiscales, "no es el caso de este decreto”.
“Tenemos la obligación de actuar como órgano de contralor y mínimamente queremos saber cuánto es el costo fiscal en los próximos 10 años”, sostuvo el bloque opositor.
