El documento, respaldado por las firmas del interventor Gustavo Menéndez, la senadora Carolina Moisés y el diputado nacional Guillermo Snopek, expone claramente las razones que motivan este rechazo. Se argumenta que la ley en cuestión va en contra de los intereses fundamentales de los trabajadores y del pueblo jujeño en su conjunto.

Entre las razones esgrimidas, se destaca la crítica hacia el gobierno por su supuesta política de "ajuste" hacia los trabajadores, contrastada con una serie de acciones realizadas durante ocho años anteriores. 

Según el documento, estas acciones incluyeron la reducción del salario real de los empleados en un 62%, el endeudamiento reiterado de la provincia en moneda extranjera, el aumento desproporcionado de la nómina de funcionarios y la concesión de exenciones impositivas a grandes empresas, particularmente del sector minero.

La medida adoptada por el Partido Justicialista de Jujuy agrega un elemento de confrontación al debate legislativo sobre la ley propuesta, subrayando la división y la polarización en torno a las medidas económicas propuestas por el gobierno provincial.

El rechazo del PJ jujeño a la Ley de Emergencia no solo añade un capítulo más a la tensión política en la provincia, sino que también plantea interrogantes sobre el alcance y las implicaciones de dicha ley en la economía y la sociedad jujeña.