Los plazos acotados, la falta de un texto para debatir en comisiones y la polémica por el decreto que busca criminalizar el derecho a la protesta, motivaron la decisión. Los ahora, ex convencionales dijeron que "no podemos estar de espalda a la gente".
Según explicaron "tomamos esta resolución guiados por la prioridad de que el presente y futuro de los jujeños sea regido por una carta magna que respete, valide y amplíe sus derechos, sin dar un sólo paso atrás, adecuando la normativa a los tiempos actuales y cuidando el sistema democrático y el consecuente respeto por la división de poderes".
Agregando que "por ideología y plenas convicciones consideramos inaceptable que se pretenda tipificar como delincuentes a los jujeños que se ven obligados a manifestar sus necesidades frente al poder de turno o que se intente soslayar la posición de los pueblos originarios reconocida en nuestra Constitución Nacional desde 1994".
"Frente a lo expuesto, por la ausencia de debate en comisiones, nuestra oposición a que se silencien opiniones válidas de cada tema sujeto a reforma y la condición abreviada al extremo de este proceso que en menos de 25 días busca sancionar casi a libro cerrado un traje a medida del Gobernador Morales, sostenemos nuestra posición y la hacemos pública para advertir a la población sobre esta grave situación", advirtieron.
Para finalizar lamentaron "esta etapa nefasta de la historia Jujeña, historia de la cual no queremos formar parte".
