Luego de recibir a un grupo de especialistas que dieron sus opiniones, en nombre del Frente de Todos, el senador Oscar Parrilli anunció el pase a la firma del despacho y el respaldo del bloque al texto del Gobierno, que aspiran a tratar la próxima semana en el recinto.
El dato particular fue que un aliado clave del oficialismo, el rionegrino Alberto Weretilneck, anticipó que firmaría un dictamen propio, basado en un proyecto de su autoría.
Aunque la iniciativa oficial no cuenta con el respaldo del interbloque Juntos por el Cambio, compuesto por 33 miembros, y que la diferencia principal radica en la participación del presidente la Corte Suprema dentro del Consejo y la posibilidad de que éste lo presida. Con lo cual, el apoyo de los aliados resulta fundamental para el FdT si quiere aprobar la media sanción, para la cual requiere 37 votos y el bloque está compuesto por 35 integrantes.
En el cierre del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, Parrilli observó que “hay una campaña bastante instalada en desprestigiar a la política, y estoy convencido: no es la política partidaria, pero sí la política judicial tiene que definir los legisladores, no las corporaciones".
“No tiene que ser materia de la Corte, los jueces o los fiscales que definan cuál es la política judicial que debe existir para la sociedad argentina”, insistió y apuntó que “el desprestigio que hoy tiene la Corte y los jueces no se debe por responsabilidad de los políticos, se debe al propio accionar de los jueces y la Justicia”.
El interbloque de Juntos por el Cambio que conduce Alfredo Cornejo y que en el plenario estuvo representado por Luis Naidenoff y Guadalupe Tagliaferri, informó que firmaría un dictamen por separado para llevar al recinto.
El Senado retomó este martes por la mañana el debate sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, en un plenario de comisiones en el que abogados constitucionalistas y representantes de distintos estamentos se expresaron en general a favor de la modificación del organismo.
El primero de los expositores fue Darío Kuzinski, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de José C. Paz, quien declaró que "se trata de un proyecto que debería promulgarse antes del 16 de abril para poder garantizar el funcionamiento de un organismo tan importante".
Kusinky destacó que el proyecto del Gobierno mejora la representación de los distintos estamentos y genera un equilibrio y ponderó el hecho de que se prevea que sea "el propio Consejo el que elija a sus autoridades".
Alfredo Vitolo, presidente de Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), consideró que "no se deben ver fantasmas" en el dictado del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la conformación actual del Consejo y señaló que se trata de "facultades que tiene".
"El Consejo no tiene asignado el gobierno del Poder Judicial, el Poder judicial sigue en poder del Consejo, tiene el poder de organizar, esto es central para entender el funcionamiento", explicó.
El especialista subrayó la importancia del proyecto para que "esta ley no sea considerada de un partido o de otro" y opinó que la presidencia del Consejo "debe estar en poder de la Corte porque es la única forma de articular el poder de los dos organismos".
Finalmente, el presidente de Asuntos Constitucionales -que estuvo a cargo de los debates-, el senador jujeño Guillermo Snopek, dejó una incógnita respecto a las negociaciones que podrían darse de acá a la llegada al recinto del texto final.
“Muchas veces se interpreta que el dictamen es lo que va a salir sancionado”, expresó Snopek y deslizó que en el recinto se debate la redacción final, de modo que quedó abierta la posibilidad de modificaciones, aunque no se aclaró específicamente.
Sobre el proyecto de Ley de Reforma
El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque en esta iniciativa no se contempla la presencia de un miembro de la Corte presidiendo el organismo.
El texto oficial amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.
Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.
