“El racismo se deja entrever en estas actitudes donde se silencia a una comunidad originaria, acallando sus derechos y maquillando como necesidad, aquello que sus pobladores no han pedido”, expresó Soriano a través de un comunicado, donde se refirió a la resistencia de la comunidad "a perder espacios que el gobierno pretende hacer uso con decisiones inconsultas y autoritarias".
El delegado del INADI Jujuy denunció que “funcionarios, policías y miembros de la justicia han tenido un trato autoritario, despectivo y discriminante en las acciones que llevan a cabo desde hace dos meses en la zona”.
“Desde hace varias semanas venimos acompañando e interviniendo en diferentes hechos de ataques discriminatorios y racistas que ocurren en la provincia”, marcó Soriano y agregó que “vemos con gran preocupación la ofensiva discriminatoria y racista que está sufriendo la comunidad de Caspalá, con la gravedad que esta violencia proviene de instituciones municipales y provinciales”.
Luego de una serie de acciones llevadas a cabo por el gobierno y justicia provinciales, Soriano manifestó que “este ataque se materializa con una comunidad sin estado de derecho, sin respeto a las legislaciones vigentes, donde se han vulnerado los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional que protege a los pueblos originarios”.
En ese sentido, el funcionario se mostró preocupado por el estado de vulnerabilidad de niñas, niños y mujeres caspaleños ante la violencia ejercida por el Estado. “Son también víctimas directas de los sucesos y que corren el riesgo, entre otros efectos, de perder su hogar. Como así también, las mujeres de la comunidad están siendo hostigadas laboral, económica y socialmente; constituyendo una sistemática agresión por cuestiones de género”, aseveró.
Soriano estuvo recientemente en la localidad de Caspalá para interiorizarse de la situación y opinó que “se han omitido pasos fundamentales en toda intervención en territorios indígenas, tales como la consulta popular y el impacto socio ambiental de cualquier obra que planee realizarse en el lugar”.
Por último, instó al gobierno provincial a que se ajuste a las legislaciones nacionales e internacionales vigentes, al puntuar que “acompañamos y alzamos la voz junto a la comunidad caspaleña para que se respeten sus derechos constitucionales y ancestrales, que se frene todo atropello y se realicen todos los procedimientos de escucha y consenso sobre las necesidades del propio pueblo de Caspalá”.
