El pedido de nulidad presentado hace referencia al decreto de convocatoria a elecciones firmado por el gobernador Gerardo Morales, obedece a "la violación del Código Electoral provincial y la afectación de los intereses políticos, económicos y sociales".

Esta presentación dice que "la ilegitimidad del adelantamiento de los comicios se basa en que el gobernador Morales interpuso un interés partidario en desmedro del interés público. La presentación expone las distintas declaraciones que realizó Gerardo Morales en varios medios de comunicación, donde dejaba en claro que la fecha de las elecciones iba a ser decidida en el ámbito de Cambiemos para consensuar una estrategia conjunta".

Otro de los puntos, en el cual se basa el pedido, es "la falta de recursos económicos en la provincia. El documento posee un apartado donde aclara que no hay fondos para el desdoblamiento, y tampoco, se previó los fondos necesarios para su realización en el presupuesto. Según se estima, los comicios por fuera del calendario nacional, implicaría un costo entre los 140 y 250 millones de pesos a la provincia, que debe sumarse al déficit actual de Jujuy, que es alrededor de 4 mil millones de pesos".

El amparo fue presentado ante el Superior Tribunal de Justicia por Alejandra Cejas, Juan Enrique Giusti, Paola Angelina, Rafael Ariel Vargas, Arnaldo Lucio Plaza y Analía María del Huerto Flores y pretende que se suspenda las elecciones convocadas para el 9 de junio y se las convoque para el 27 de octubre, unificándose con las nacionales.

Asimismo, el pedido de invalidar el adelantamiento, se debe principalmente, a que en la provincia no hay padrón electoral. La provincia de Jujuy no posee un registro de electores distinto al registro nacional.