Las consecuencias del convenio ya firmado en octubre pasado señala que existen 1000 hectáreas desafectadas que podrían llegar a ser incluso 1800, pues el convenio no las explicita y se encuentran en un sector de selva pedemontana protegida y obstaculizarían un corredor de la zona núcleo de reserva de las yungas, ecorregión que se extiende desde Perú hasta Argentina que se encuentra ya muy castigada y reducida, poniendo en peligro la biodiversidad del Parque y con ello el carácter de reserva de biósfera que tiene.
Otro problema que presenta la desafectación es que Parques Nacionales renuncia también al control de estas tierras, algo que, además de incurrir en violación de sus funciones como institución conservacionista, dejaría sin posibilidad de fiscalizar la remediación de la zona a los actores más idóneos para ello y quienes de hecho descubrieron y denunciaron el peor desastre ambiental de la zona: los trabajadores y trabajadoras del Parque Nacional Calilegua. Respecto del mencionado pozo, este no había sido detectado por ninguna institución hasta que trabajadores de parques en sus habituales rondas dieron con el rastro contaminante y lo siguieron hasta el pozo, constatando también que los efluentes de este pozo sin remediación se internan en las tierras del parque y llegan hasta el arroyo Yuto.
Una gran consecuencia contaminante de los pozos es que por las características geomorfológicas de la zona estos son pozos al excavarse se vuelven surgentes, o sea una vez realizada la perforación por la presión existente en las napas los líquidos afloran, llevando con ellos toda la contaminación química y de metales pesados que poseen.
Entre la zona ya desafectada y que quieren desafectar se calcula que se realizaron 34 pozos.
El convenio puede resultar un negativo precedente para los parques y reservas a nivel nacional, puesto que podría llevar también a la desafección de zonas de otros parques nacionales con problemáticas similares, quedando así el dominio y el control de las mismas por otros actores e intereses ajenos a quienes tienen al mandato de preservar nuestra biodiversidad.
En materia económica el costo de remediación de los pozos petrolíferos, de millones cada uno, no es asumido así por las empresas extractivistas que se enriquecieron con la explotación de los recursos no renovables de la zona, explotación de dudosa legalidad al hacerse en zona protegida, quedando entonces el lento proceso de paliar la contaminación a cargo de nuevas estrategias asumidas por el sector público, en una repetición de beneficios privados y costos públicos como la sucedida con Metal Huasi.
En este caso la decisión de la provincia no es otra que remediar la contaminación resultante de la explotación petrolífera recurriendo a nuevas explotaciones petrolíferas, contradicción que se agrava al no preveer el convenio ni medida de fiscalización sobre la zona, que pasa a ser de dominio provincial, ni tiempo límite para remediar y que vuelva al parque, lo que deja un limbo legal que pueda extender la explotación hasta que no quede nada más para extraer, ni para conservar.
Sobre el petitorio entregado en Casa de Gobierno, se aguarda que tomen los puntos para salvar el Parque Nacional Calilegua y se proceda a la remediación de los pozos y a la quita de contaminantes en sectores, puntos que el Ministerio de Ambiente de la Provincia no se pronuncia al respeto.

(Fuente: Anred)