La multa, que asciende a $2.306.250 pesos, se basa en acusaciones de Maurín de haber participado en una "reunión tumultuaria" el 20 de junio, en la que supuestamente obstaculizó el funcionamiento de servicios públicos esenciales. El dirigente cuestionó la validez de estas acusaciones del Ministerio de Seguridad, a cargo de Guillermo Corro, y denunció que se trata de un intento de amedrentamiento por parte del gobierno provincial.

Maurín expresó su preocupación por el uso selectivo de estas sanciones, señalando que hay decenas de ciudadanos jujeños enfrentando contravencionales e imputaciones similares, mientras que otros involucrados en actos de mayor gravedad no parecen haber sido afectados por estas medidas. Además, criticó la falta de transparencia en la aplicación de la justicia en estos casos.

El dirigente también resaltó la importancia del derecho a la protesta, el cual considera fundamental para una democracia saludable. Argumentó que este derecho es un pilar central de la libertad de expresión y de la participación ciudadana en la toma de decisiones, y que su limitación pone en riesgo el funcionamiento democrático de la sociedad.

La fecha de la audiencia de juicio oral está fijada para el 9 de agosto, y Maurín espera poder exponer su caso y defender el derecho a la protesta en un contexto en el que, según él, se busca restringir la voz crítica y silenciar a quienes se oponen al gobierno de Gerardo Morales.

Este incidente vuelve a plantear interrogantes sobre la relación entre el ejercicio de los derechos civiles y la acción gubernamental en Jujuy.