Vargas expresó su preocupación por el intento de legitimar la privación de derechos, como el derecho a manifestarse, al llevar a prisión a quienes participaron en la protesta. Muchos de los detenidos, que ya han sido liberados, enfrentan procesos contravencionales, lo que significa que se les persigue tanto en la justicia federal como en la contravencional.
Los expedientes contravencionales fueron iniciados por el Juzgado Contravencional de Jujuy e involucran a "90 personas", tanto detenidas como no detenidas, que estuvieron presentes durante los incidentes y la represión policial ocurridos el 20 de junio cerca de la Legislatura provincial. Entre los afectados se encuentran dirigentes sociales y gremiales.
La abogada destacó que, incluso aquellos que no fueron filmados en situaciones complicadas, son perseguidos simplemente por ser dirigentes y haber convocado a la movilización. Esta doble persecución por la misma conducta, según Vargas, está prohibida por la Constitución Nacional, por lo que tiene previsto presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia la próxima semana.
Vargas argumentó que la provincia se está entrometiendo en cuestiones penales que son competencia exclusiva del Congreso Nacional, lo cual de por sí constituye una inconstitucionalidad. También resaltó la incoherencia de que un juzgado administrativo esté condenando a personas por conductas que ya han sido sobreseídas en el fuero penal, lo que calificó como un "gran absurdo".
A principios de julio, la Multisectorial contra la reforma constitucional ya había denunciado la aplicación de "sentencias exorbitantes e intimidatorias" por supuestos delitos contravencionales. Por ejemplo, una persona con retraso madurativo recibió 42 días de trabajo comunitario, pero al día siguiente fue sobreseída por los mismos incidentes ocurridos en las cercanías de la Legislatura jujeña.
La situación generó preocupación y críticas, ya que se señala la violación de derechos fundamentales y la aplicación de medidas excesivas y arbitrarias por parte de las autoridades. Las denuncias de doble persecución y sentencias injustas se pone en el centro del debate el respeto a los derechos civiles y políticos en la provincia de Jujuy.
