La Justicia calificó a la Resolución de la ministra Isolda Calsina como "Arbitraria", por no haber sido evaluada con detenimiento y fundamento científico. Además consideró que la finalidad principal de la decisión ministerial fue brindar solución al problema edilicio de la Escuela Tito Guerra sin acreditar el cumplimiento de una etapa preparatoria o de conocimiento, "poniendo en riesgo el normal, adecuado y necesario desenvolvimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Escuela Helen Keller, con el mero propósito de anexar otra escuela de características pedagógicas y humanas distintas", provocando el “aniquilamiento de la idiosincracia escolar de un establecimiento diseñado con la finalidad exclusiva de construir una Escuela Especial para Sordos" como lo es la Escuela Modelo Helen Keller.
El Tribunal consideró que la resolución mencionada viola el principio de progresividad establecido en Pactos Internacionales: "La consideración de la discapacidad es una cuestión de Derechos Humanos. Ello supone que las personas con discapacidad no son 'objetos' de políticas caritativas o asistenciales, si no son "sujetos de derechos humanos”. La construcción y el diseño de un inmueble con un destino específico en su totalidad para la educación de personas con hipoacusia a garantizado cierto estandar de calidad educativa, permitiendo condiciones que maximizan o potencian el Derecho a la Educación de este colectivo con capacidades diferentes.
El motivo del conflicto
Con esta decisión de la justicia, se hizo lugar al pedido de las madres y padres de la Escuela Helen Keller y revocó la resolución emitida por la Ministra de Educación Isolda Calsina que establecía el traslado de la Escuela de Teatro "Tito Guerra" al mismo edificio.
El conflicto comenzó a principios de 2018 cuando se conoció que Educación había determinado que se inicie el proceso de mudanza de la Escuela de Teatro Tito Guerra y unificar ambas instituciones.
