Este fallo lleva la firma de los ministros Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. El único que volvió a votar en forma diferenciada a los cuatro miembros mencionados fue el propio presidente del tribunal Carlos Rosenktrantz.
Por medio de la resolución 56/18, el Poder Ejecutivo había establecido que utilizaría el Ripte no sólo entre los que aceptaron la reparación histórica sino también con los beneficiarios anteriores a 2016. Eso hizo que el organismo previsional comenzara a apelar todas las sentencias firmes que había sobre reajuste de haberes.
El gran revés para el Gobierno es que puso este asunto en manos del máximo tribunal al apelar un fallo de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social a favor del jubilado Blanco, en el que se ordenó utilizar el sistema ISBIC que el Gobierno rechaza debido a que aumenta los montos de los abuelos, pero la ANSeS apeló esa decisión bajo la advertencia de que estaba "en riesgo la sustentabilidad del organismo previsional" y que se debía utilizar el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.
El fallo del supremo tribunal beneficiará a los 150 mil jubilados que están en juicio y que no ingresaron a la reparación histórica. Así el Gobierno deberá aplicar la actualización de haberes y se estima que significaría entre $ 70 mil y $90 mil millones en costo fuera de cálculo del Gobierno debido a su confianza en que el criterio a aplicarse sería el Ripte.