El Gobierno, tal como había anunciado, publicó ayer en el Boletín Oficial el mega DNU, que como explicó este diario es de contenido surtido, abarca distintos organismo oficiales y ministerios y mezcla medidas de agilización de trámites, con otras de transporte que apuntarían a reducir costos de empresas, con la regularización de los cuatriciclos o la salida del país de obras de arte (ver nota aparte. Entre otras reformas, flexibiliza la administración de los Fondos de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y hay varias normas para el Banco Central (ver nota pg.6). La digitalización de documentos y expedientes es una constante en el DNU que busca también reducir trámites y eliminar el uso del papel, con cambios que inclusive ya se intentaron pero hubo resistencia de gremios. Es decir, el decreto con temas tan variados, puede entremezclar sorpresas como en una piñata.

El DNU se explaya en 84 páginas con una extensa introducción y luego, separa en 22 capítulos las medidas que llevan la firma del Presidente, del jefe de Gabinete Marcos Peña y de casi todo el plantel de ministros.

La norma, que debería pasar por la Bicameral del Congreso (ver nota pag.11) deroga cerca de 20 leyes vigentes, entre ellas 5 viejas leyes y decenas de disposiciones del SENASA que ponían trabas y alargaban trámites referidos al movimiento y registro de animales. Además modifica unas 140 leyes en función de la simplificación, incluida la ley de Sociedades. Casi todo el contenido que reflejó ayer este diario, fue anunciado el miércoles, pero la publicación amplió los detalles.

En ese sentido, por ejemplo, con respecto a las personas jurídicas, se determina que el Registro Nacional de Sociedades por Acciones estará a cargo del Ministerio de Justicia y se sustituye un artículo de la ley 19550 para definir que queda "prohibida la actuación societaria del socio aparente o presta nombre y la del socio oculto".

En el compilado que conforma el decreto 27/2018 el Gobierno fundamenta la modalidad de eludir al Congreso para imponer la batería de reformas. Sostiene, entre otros argumentos, "que este Gobierno inició un proceso en el que requirió a sus distintas áreas que identifiquen y sustenten jurídicamente, en base a su mérito o conveniencia, el sostenimiento de ciertas cargas que provenían de cuerpos legislativos y que por razones de necesidad y urgencia deben ser removidos por afectar seriamente, en especial, el funcionamiento de la actividad y de la productividad de nuestros mercados".

Dice entonces que "las medidas hasta aquí descriptas deben ser tomadas en tiempo oportuno" y que con el Congreso en receso "el transcurso del tiempo que inevitablemente insume el trámite legislativo implicaría un importante retraso en el dictado de las normas en cuestión, lo que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos del presente Decreto".

Además, Macri deja en claro otro objetivo, cuando remarca la intención del ingreso de la Argentina como miembro pleno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en esa sintonía dispone medidas, aunque ese pase, dependería además de otras variables.

Como sea, el Gobierno expresa que "una adecuada política regulatoria exige que se implementen prácticas de buena gobernanza entre organismos y departamentos de gobierno, tendientes a la simplificación de trámites y formalidades y a la eliminación de normas que entorpezcan y demoren el accionar del Estado y del sector privado que afecten su productividad o que puedan dar lugar a prácticas no transparentes" y explica que el país ha iniciado el proceso de ingreso a la OCDE y busca estar a tono con las exigencias del organismo internacional. De esa manera también Macri quiere darle valor a la utilización del mecanismo de DNU para la reforma que, pasando por el Congreso hubiera demandado varios proyectos de ley, seguramente.