Poco antes había ido al domicilio de la diputada del Parlasur en El Carmen, aunque no ingresó al mismo.
Según indicaron los abogados de la dirigente social, el lugar no está habitable y señalaron que en caso que se resuelva por la alternativa de la prisión domiciliaria, se debería otorgar en el lugar en el que ella vivió hasta el momento de ser detenida por el ministro de Seguridad de la provincia, Ekel Meyer, y donde reside su marido, Raul Noro.
También se dio a conocer la cedula del juez Pablo Pullen Llermanos en la que solicita a los letrados le informen los inmuebles con los que contaría Milagro Sala en caso que se resolviera modificar su situación de privación de libertad cautelar.
Si bien fue firmada el 8 de agosto, recien este jueves se notificó a los abogados. Y el viernes vence el plazo otorgado por la CIDH y se espera que el Poder Judicial resuelva la cautelar en forma definitiva y se ordene la libertad.


Los detalles
Pasadas las diez de la mañana arribó el juez Gastón Mercau al domicilio de la diputada del Parlasur Milagro Sala. “Vinimos a ver las condiciones que hay para una eventual prisión domiciliaria, en cuanto a las posibilidades de seguridad, custodia, las condiciones de las viviendas. Después se hará la evaluación y se decidirá”, señaló a la prensa en la puerta de la casa ubicada en la calle Gordaliza.
Respecto a las fuerzas de seguridad que custodiaran el domicilio, Mercau señaló que aun está esperando que el Ministerio de Seguridad responda el oficio remitido por su juzgado para evaluar las medidas correspondientes “teniendo en cuenta que la resolución de la Comisión habla de algún inconveniente con personal del Servicio Penitenciario”.
Si bien el juez interpretó que este viernes se cumple el plazo que tiene el Estado Nacional para informar a la CIDH respecto de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la resolución, Luis Paz, del equipo de abogados defensores de Milagro Sala, consideró que “la cautelar tiene tres particularidades: la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad del daño. De modo que el cumplimiento de la misma debe ser inmediato. Nosotros entendemos que mañana vence el plazo, y que el Estado provincial no está en condiciones de garantizar la seguridad de Milagro Sala en la cárcel. Esta semana asesinaron en el Penal de Gorriti a otro interno. Es la segunda muerte dentro de un penal a cargo de la provincia en menos de un año”, expresó.
En cuanto a la cédula remitida por el juez Pablo Pullen Llermanos, la defensa informó este jueves, apenas conocida la notificación, que el domicilio de la dirigente social es el de Cuyaya.
Integran también el equipo de abogados defensores de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, Paula Álvarez Carreras, Ariel Ruarte, Marcos Aldazabal y Matías Duarte.