La libertad Avanza quiere mantener la propuesta contemplada en el dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General, pero hay resistencia de que pueda mantener en la lista a la empresa de aviación.
El oficialismo propone la privatización total de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa).
Pero en el caso de Aerolíneas Argentinas hay resistencias de los senadores del Sur como en caso del radical fueguino Pablo Blanco y de la chubutense Edith Terenzi que van a aprobar en general el dictamen de mayoría, pero se oponen a la venta de la empresa aérea al sostener que algunas provincias quedarán aisladas.
Si a ese rechazo se suman los 33 votos de UP y algún otro legislador dialoguista, el Gobierno corre el riesgo no solo que se elimine la privatización de Aerolíneas Argentinas, sino de las otras empresas que están comprendidas en el articulo 7 de la ley Base como RTA, Intercargo y Enarsa.
En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA(Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.
En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin.
En este caso se permite la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social, y además se exigirá que se requerirá el voto afirmativo para la toma de decisiones claves tanto para ampliar la capacidad de una central de generación eléctrica o para la construcción de una nueva.
Otra empresa sujeta a privatización será el Complejo Carbonífero, ferroviario y Portuario a cargo de de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), aunque solo se permite también organizar un PPP y color una clase de acciones para ese fin debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación del mismo.
La Ley Bases establecerá que La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones deberá ser informada de la modalidad y procedimiento seleccionado conforme cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente por parte del Poder Ejecutivo.
También las medidas adoptadas a fin de garantizar los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, igualdad, publicidad y gobierno abierto en los procesos de toma de decisión; y de toda otra circunstancia de relevancia vinculada al proceso de privatización, al tiempo que la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General la Nación actuarán en colaboración permanente con esta Comisión.
