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Viernes, 22 Mayo 2020 00:04

Las presiones del macrismo contra la Justicia a pasos de convertirse en una Megacausa Destacado

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La Cámara Federal porteña resolvió este jueves que el juez Sebastián Ramos deberá investigar todas las denuncias por supuestas presiones contra la Justicia por parte de la mesa judicial del macrismo.

La decisión fue adoptada debido a que se habían realizado varias denuncias, la primera a cargo del juez Ramos realizada por el diputado por Río Negro Martín Soria, para que se investiguen supuestas amenazas coactivas a la camarista de Casación Ana María Figueroa.

Luego un grupo de diputados y senadores del Frente de Todos realizó una denuncia más amplia contra el expresidente Mauricio Macri y su “Mesa judicial”, que primero recayó en el juez Daniel Rafecas. Ese juez dispuso que el caso sea remitido a su colega Ramos por razones de conexidad, ya que se trataba de una ampliación de la primera denuncia.

La Cámara remarcó la conveniencia de un “trámite conjunto” ante el primer juez que recibió la denuncia, es decir Ramos.

Las denuncias fueron realizadas en los tribunales de Comodoro Py tras las declaraciones de la jueza de Casación, Ana María Figueroa, quien dio cuenta en una entrevista en el programa “Toma y Daca” sobre las presiones que sufrió por parte de un funcionario del gobierno de Macri en el marco de la causa del memorándum por Irán.

Tras las declaraciones de Figueroa, otros jueces denunciaron presiones, como la magistrada de San Martín Martina Forns, y el juez de la Cámara del Trabajo, Luis Raffaghelli.

A la denuncia original se sumó otra para investigar si funcionarios y allegados del expresidente Macri llevaron a cabo maniobras para interferir en la justicia y direccionar investigaciones.

Un grupo de diputados y senadores del Frente de Todos pidieron que se investiguen supuestas “presiones e interferencias que fueron llevadas a cabo para direccionar investigaciones en trámite ante el Poder Judicial por miembros y sectores afines al gobierno presidido por el ingeniero Mauricio Macri entre el l0 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019”.

“Tales maniobras fueron planificadas, dirigidas y ejecutadas desde una denominada Mesa Judicial; integrada nada más ni nada menos que por el expresidente de la Nación, funcionarios de su gobierno y operadores judiciales, entre los que cabe mencionar, a título enunciativo y no taxativo, al exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, el exsecretario de Asuntos Penitenciarios, el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y, a la vez, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques, el extitular de la AFI, escribano Gustavo Arribas, los exsecretarios de Estado, José Torello y Pablo Clusellas, el exprocurador del Tesoro de la Nación, Dr. Bernardo Saravia Frías, y los abogados Fabián ("Pepín") Rodríguez Simón y Daniel Angelici”, dice la presentación.

Tras el escandaloso audio de Gabriela Michetti sobre presiones a la justicia, una organización judía adhirió a la presentación, y advirtió la “ilegalidad manifiesta” de lo ocurrido durante la ultima gestión macrista y evalúa sumarse al expediente.

Se trata de la organización Llamamiento Argentino Judío que manifestó este jueves su “adhesión” a la denuncia presentada por un conjunto de legisladores contra la denominada “Mesa judicial” de Cambiemos, acusada de interferir en el funcionamiento de la justicia durante el gobierno de Macri.

Desde el Llamamiento Judío indicaron que su comisión jurídica evalúa la alternativa de hacer una presentación ante el juzgado en el que se encuentra radicada la denuncia de los legisladores, el de Ramos, y resaltaron que “el uso de la causa AMIA fue emblemático para entender los manejos denunciados”.

En el comunicado fueron señalados tres aspectos vinculados con la situación denunciada: “La persecución a la ex presidenta, su canciller y otros funcionarios, apelando al proyecto de memorándum de entendimiento con Irán –aprobado por el Congreso Nacional–, con el objetivo de convertirlo en un delito; la paralización de la investigación del atentado a la AMIA; y el descarado intento por lograr absoluciones o condenas leves en la causa” por el encubrimiento del atentado.

“En estos días se difundió un audio en el que la ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, le exige a Mario Cimadevilla –entonces titular de la Unidad AMIA encargada del seguimiento de la causa del atentado de 1994– la salvaguarda a dos imputados por el encubrimiento: los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia”, señalaron en el comunicado.

“Esa coacción se sucedía mientras Mullen y Barbaccia estaban siendo juzgados por encubrimiento, y la esposa de Barbaccia revestía como Directora de Coordinación de la Unidad de Información Financiera (UIF), oficina gubernamental dependiente del ministro de justicia de la Nación, Germán Garavano”, remarcaron.