A seis años de la detención de la referente social, Milagro Sala, distintas personalidades sociales y políticas -vinculadas al kirchnerismo, como gobernadores, ministros, legisladores nacionales, intelectuales, dirigentes políticos, sindicales, sociales, de organismos de Derechos Humanos, artistas e intelectuales- reclamaron este domingo a través de una solicitada la libertad de la líder de la Tupac Amaru, quien cumple prisión domiciliaria en nuestra provincia.

Algunos de los dirigentes que estamparon su firma son el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el líder de La Cámpora Máximo Kirchner, el exvicepresidente Amado Boudou, el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, el senador nacional Oscar Parrilli, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y el canciller Santiago Cafiero, entre otros.

En el texto, los firmantes recordaron que la detención de Sala "se constituyó en el laboratorio de lo que fue el 'lawfare en Argentina' y que implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado para perseguir y encarcelar a dirigentes políticos, sociales y sindicales".

"Sostenemos que con presos y presas políticas no hay democracia plena. El caso de Milagro es el que mayor visibilidad tiene en Jujuy, provincia en la que hay aún hoy otros siete presos y presas políticas de la organización social que más ha hecho para garantizar los derechos de los vulnerables", advirtieron en el comunicado.

"La criminalización de la protesta y el encarcelamiento de dirigentes políticos, sociales y sindicales como práctica durante el macrismo fue una constante que en el caso de Milagro y sus compañeras y compañeros, pone de manifiesto la malicia de sus mentores, ejecutores y cómplices. Debe cesar cuanto antes porque lesiona gravemente la Democracia", remataron en la solicitada.

Sala fue detenida el 16 de enero de 2016, luego de un acampe frente a la Casa de Gobierno en la primera gobernación de Gerardo Morales. Desde allí la justicia jujeña comenzó una serie de juicios en su contra, y en este último tiempo juristas y prestigiosos abogados coincidieron en que la dirigente jujeña "sigue privada de su libertad por una causa sin condena firme".