Ese es el título de una notable película argentina de 1949, dirigida por Hugo Fregonese. Se trata de un policial negro sobre un empleado bancario que idea un plan para enriquecerse rápidamente, enfrentando las consecuencias morales y personales. ¿Algún parecido con la realidad? No, no se confundan: el jefe de gabinete era “apenas un periodista”. Pero esa es otra película.

Hay decisiones judiciales que trascienden largamente el expediente que las origina. El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy sobre la aplicación retroactiva de la Ley Bases es una de ellas. Lo que en apariencia podría interpretarse como una discusión técnica sobre multas laborales termina convirtiéndose en un pronunciamiento con consecuencias directas para miles de trabajadores, cientos de empresas y el futuro de los litigios laborales en la provincia.

Argentina parece discutir permanentemente entre dos países posibles. Dos velocidades. Dos climas sociales. Dos formas completamente distintas de mirar el futuro.

El Gobierno nacional reglamentó, mediante el Decreto 315/2026, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), incorporado en el Título XX de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. La norma, publicada este lunes, establece las condiciones bajo las cuales los empleadores del sector privado podrán acceder a reducciones de contribuciones patronales por nuevas relaciones laborales registradas.