Durante el encuentro, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda insistieron en la conformación de una comisión investigadora, pero esto no prosperó. Además, cuestionaron que respecto a la reunión de la semana anterior haya habido un giro en la decisión de dictaminar sobre un proyecto en ese sentido.

Desde la UCR, el formoseño Fernando Carbajal propuso convocar a los legisladores involucrados antes de decidir sobre un repudio o eventual sanción. La presidenta de la Comisión de Peticiones, la diputada del Pro Silvia Lospennato, confirmó en el final que así se hará y aclaró que el descargo lo podrán hacer presencialmente o “mandarlo por escrito”. “Con posterioridad a eso, si así lo decide la mayoría de esta comisión, se podrá tomar una decisión y dictaminar”, cerró.

En el arranque del plenario, donde oposición y oficialismo se acusaron mutuamente de “dilatar” el tema -con diferentes intenciones, según de qué lado-, el diputado Esteban Paulón pidió sumar un proyecto para que se convoque a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que dé explicaciones por la entrada al penal de Ezeiza de los libertarios.

Tras su solicitud, Lospennato dijo que una cosa es el artículo de la Constitución que “permite a este Cuerpo juzgar a sus miembros”, imponer sanción disciplinaria y hasta una expulsión, el cual “es muy distinto del que dice que los funcionarios tengan que rendir cuentas por su función”. Acto seguido, sugirió “no mezclar las cuestiones”. Sin embargo, el socialista insistió: “Creemos que es pertinente esa explicación en este ámbito”.

A su turno, el diputado de la izquierda Nicolás Del Caño reclamó “conformar una comisión investigadora que sea mixta”, integrada por legisladores y organismos de Derechos Humanos. Al igual que Paulón, exigió la presencia de Bullrich y también del titular del Servicio Penitenciario Federal. Insistió que hay que saber “cuál es la responsabilidad de los funcionarios” e “investigar a fondo qué hay detrás de esto”.

Luego intervino la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley, quien señaló que presentarían a los presidentes de las comisiones “un pliego de pruebas documental” con artículos periodísticos que refieren al tema de la visita y “a todo lo que nosotros consideramos que es un plan destinado a liberar genocidas”. También incluye las publicaciones de Arrieta en sus redes, donde reveló chats de WhatsApp. Y solicitó las testimoniales de un conjunto de personas, entre ellas Bullrich.

“Si hay algo que no voy hacer es violar el reglamento. No somos una comisión investigadora”, contestó Lospennato. Y habló de que en todo caso habrá que dictaminar sobre un proyecto para ese fin (la creación de una comisión investigadora), que luego deberá aprobarse en el recinto. “No podemos convertir a esta comisión en lo que no es, porque no nos compete. Ninguna de estas comisiones tiene facultad para hacer lo que acaba de requerir”, insistió la titular de Peticiones. Más tarde lo aclaró varias veces.

Al tomar la palabra, el diputado de UP Martín Soria aseveró que “estamos ante hechos que revisten una gravedad inédita” y rechazó el planteo de que “la Comisión de Asuntos Constitucionales no se puede constituir en investigadora”. Sobre esto, puso como ejemplo de casos históricos. Para el rionegrino, “es una estafa electoral lo que hicieron” los oficialistas y alertó que en toda la trama previa a la visita al penal puede haber constitución de delitos. “Estamos ante abuso de poder, tráfico de influencias. Ante cohecho, la posibilidad de sobornos”, observó y mencionó también la “asociación ilícita”, generando el murmullo entre los libertarios presentes.

Desde la UCR, Karina Banfi abogó por “la voluntad de generar un proceso que solicita y pide algún tipo de reparación”. “Les quiero pedir a mis colegas que tomemos esto con absoluta seriedad”, expresó y solicitó “despojarnos de los discursos de tribuna”, al rechazar que se quiera “hacer de esto un circo”.

“Tendremos que evaluar en función de nuestros valores éticos y republicanos. Nos estamos poniendo en jueces y en función de eso tenemos que ser muy serios. No somos quienes para juzgar la conducta de otros cuando nos portamos como payasos”, advirtió.

Por el Pro, Silvana Giudici recordó que el pasado 14 de agosto se votó una moción para conformar una comisión investigadora y “fue rechazada”. A su vez, Arrieta presentó una denuncia penal y “la Justicia la desestimó”. “Todos expresamos nuestra indignación y repudio”, manifestó y cuestionó “el aprovechamiento político de un tema para estirarlo hasta Navidad. No sé si la Navidad nuestra o la de (Nicolás) Maduro”, ironizó.

La legisladora criticó entonces a UP de que “no quisieron acompañar una declaración de repudio, que sería muy bueno que el pleno por unanimidad ya la tuviera aprobada”.

Más tarde, la diputada de UP Paula Penacca aseguró que “si vamos a sancionar, hay que investigar; por supuesto que estamos de acuerdo en repudiar pero dijimos que solo con eso no alcanzaba”. Además, en respuesta a Giudici, apuntó que “la causa de la diputada Arrieta no está cerrada” y “no es verdad que se haya pedido apartamiento (en una sesión) para estos expedientes” del temario del plenario.

La camporista reclamó que “en vez de esconderse detrás del reglamento” se dictamine este mismo martes la conformación de una comisión investigadora. “No se puede no hacer nada, o escuchar solamente el descargo de los diputados”, consideró y enfatizó: “Yo sospecho que lo que se busca es que no haya ninguna información sobre la mesa”.

En el último tramo, el jefe de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni, intervino con un discurso leído. “Es importante dar esta discusión desde la honestidad, dejando de lado la hipocresía y el doble estándar. Todos estamos de acuerdo en repudiar a los que cometieron crímenes de lesa humanidad, en eso no hay diferencias. Desde un primer momento el bloque se puso a disposición para aclarar este tema”, comenzó y ratificó: “No hay ningún plan secreto ni conspiración, el mismo presidente (Javier) Milei ya lo aclaró públicamente”.

El cordobés cuestionó el querer “llevar este tema a una esfera que no corresponde” y señaló que “empezar a hablar de sanción o expulsión es otra cosa y puede dejar antecedentes muy peligrosos para esta Cámara”. “Esta Cámara tuvo diputados que se han sacado fotos con personajes como Nicolás Maduro, Fidel Castro, dictadores de otros países que también cometieron delitos de lesa humanidad”, lanzó y agregó que “hoy los diputados que están siendo investigados son de La Libertad Avanza, pero mañana puede ser cualquier diputado de otro bloque”.

“Se puede hacer un reproche ético y político de lo que pasó, pero corresponde que quede en un reproche y que no lo llevemos a cosas con un extremo peligroso”, dijo Bornoroni y opinó que “seguramente la sociedad va a juzgar las acciones de estos diputados”. “Lo único que se está haciendo es montar un circo político”, consideró.

Al retomar la palabra, Carbajal sostuvo: “Yo no necesito hacer ninguna investigación, y no necesito ser Sherlock Holmes para entender que este es un Gobierno donde anidan sectores que tienen un plan de impunidad de la dictadura, porque es confeso”. “Pretender convertir esto es una investigación de tipo judicial me parece innecesario”, manifestó y rescató que “hay un consenso aquí en que vamos a repudiar el hecho; nos queda discutir si vamos a tomar alguna medida concreta respecto a esto”.

Otro de los que habló, en las tres horas que duró la reunión, fue el presidente de UP, Germán Martínez, quien cuestionó “este cambio de actitud en apenas una semana”. “Volvemos a fortalecer el plan oscurantista con una sanción light”, enfatizó y acusó: “El presidente del bloque oficialista trata de enmascarar la actitud de sus diputados para que no se pueda llegar hasta las últimas consecuencias”.

Fuente: Parlamentario